La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo Leómn, emitió una recomendación al secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla Vargas; al comisario general, César Daniel Ramírez, y a la directora de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria, María del Carmen Estrada, al acreditar violaciones a derechos humanos por la omisión o negativa en el deber de expedir la constancia relativa a los antecedentes penales.

Olga Susana Méndez Arellano, presidenta del organismo explicó que se tramitaron diez expedientes con motivo de las quejas que presentaron once personas, quienes señalaron que solicitaron a la Agencia de Administración Penitenciaria la expedición de las constancias y a pesar de que cumplieron con los requisitos establecidos para el trámite de dichos documentos, a la fecha no han recibido respuesta por parte de la autoridad.

La ombudsperson señaló que se evidenció un trato diferenciado, ya que a 5 mil 903 trabajadores del volante les fueron entregadas las constancias; debiéndose destacar que, la autoridad comunicó que expidió las documentales en atención a una solicitud que realizó el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, todo esto en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y el 06 de agosto del año en curso, mientras que al día de hoy, las peticiones de las víctimas señaladas en esta recomendación no han sido atendidas.

Una de las víctimas necesitaba la carta de no antecedentes penales para reunir los requisitos y poder participar como aspirante a ocupar el cargo público como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado; otra para tramitar su visa y poder estudiar en el extranjero mediante un intercambio; dos más, para estar en posibilidad de continuar con su trámite de residencia en los Estados Unidos de América; y, siete personas para poder continuar con su trámite de naturalización mexicana.

Es de resaltar que la afectación generada por el tiempo transcurrido implicó que una persona se viera imposibilitada para cumplir con uno de los requisitos para aspirar a un cargo público, como es la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que resulta relevante, dado el impacto social que esta omisión genera, pues la designación para ese alto cargo resulta de interés público, sobre todo, por el ambiente generalizado de inseguridad que sufre el Estado de Nuevo León.

No pasa desapercibido que este caso no se trató de un asunto aislado, pues diversos medios de comunicación evidenciaron que a diversas personas que pretendieron participar en el proceso de convocatoria para ese cargo, no afines al Gobierno del Estado, no se les expidió dicho documento, por lo que puede inferirse que no se trató de una conducta negligente, como en los demás casos, sino de un actuar dolosamente deliberado para impedir su participación, lo que es un hecho notorio.

La conducta omisiva, al no haber actuado de manera diligente y con profesionalismo en el ejercicio de sus funciones, tuvo como resultado que el Secretario de Seguridad del Estado, el Comisario General y la Directora de Reinserción Social violentaran los derechos humanos de petición, a la igualdad y no discriminación, los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como los derechos al trabajo, a la educación y al proyecto de vida.

Entre los puntos recomendatorios se solicita dar trámite de inmediato a las solicitudes actuales, o en un plazo de 10 días naturales expedir a las víctimas las constancias relativa a los antecedentes penales, y atender todas aquellas solicitudes que no se hayan contestado; Se pide a las personas titulares de la Secretaría de Seguridad del Estado, de la Agencia de Administración Penitenciaria y de la Dirección de Reinserción Social ofrecer disculpa pública a las víctimas.

Asimismo se solicita que se inicie un proceso de investigación de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la elaboración de una guía para tramitar la constancia relativa a los antecedentes penales y cursos de sensibilización, formación y capacitación a las personas del servicio público.

Además de impulsar la creación de enlaces con instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Educación, el Congreso del Estado, Consulados y demás instituciones donde se requiera a las personas la constancia de no antecedentes penales.

Cabe señalar que a la Dirección de Reinserción Social le corresponde la emisión de ese tipo constancias; al Comisario General le corresponde vigilar que esta cumpla con sus deberes y obligaciones; en tanto que al Secretario de Seguridad le asiste el deber de dirigir y controlar las políticas de los órganos desconcentrados a su cargo.